Esto empieza a desmoronarse. Rajoy pidió 100 días de tregua y parece que los mercados se los dieron. Ni uno más. Los presupuestos del estado más restrictivos de las últimas décadas en España no han servido para paliar el apetito voraz de los mercados financieros, auténticos dueños y señores del cotarro. El resultado ha sido el más pésimo. Como hacía Zapatero, este gobierno ha empezado a improvisar a medida en que los dueños y señores mercados estiraban la soga que lleva tiempo apretando el cuello de España. Este gobierno, al igual que el de Zapatero, esta cometiendo en tiempo record el error imperdonable de la improvisación. El lunes de Pascua y a traición sacó ya no las tijeras sino la guillotina para hacer un recorte de 10 mil millones en sanidad y educación, los pilares básicos del estado de bienestar. Un recorte que traerá aparejado una bajada en los servicios así como, nos tememos, un repago del servicio que ya pagamos con creces con nuestros impuestos.
Y, ¿Par qué todos estos recortes?. Para poder pagar, más allá del bien y del mal, los intereses. Si, hemos escrito bien, los intereses de una deuda que de ser intervenidos de derecho como ya somos de facto, se inflaría llevándonos a la esclavitud que viven actualmente Grecia o Portugal. Porque... ¿Qué es la intervención?. La intervención es recibir más dinero prestado para poder pagar los intereses y la deuda contraída pero... pagando por ello muchos más intereses. Lo demás son milongas. Te obligan a recibir más para pagar más... y recortar más, si eso es posible. Resultado, esclavitud legal del Estado y el pueblo que lo habita. De ahí al suicidio colectivo o la privatización de la policía como sucede en Grecia va un paso.
¿Cual sería el paso a dar por el gobierno de España?. Tal vez, lo mejor sería romper la baraja, cortar la soga que nos aprieta y empezar de nuevo desde cero, enviando a la cárcel a los culpables del desaguisado estatal. Pero claro eso se podría hacer con la independencia con la que cuenta Islandia. Estando sometido a la UE, auténtico contrincante de Europa, no existe opción. Y ni Zapatero ni el gobierno de Rajoy parece muy dispuesto a morir matando. Mas bien al contrario, ayer fue sanidad y educación, hoy los mercados voraces han aumentado la prima de riesgo española y han hundido la bolsa ya que no les basta con los presupuestos restrictivos, ni tan siquiera con sanidad y educación. Lo quieren todo. Pasando por el cadáver del pueblo español del mañana, como lo están haciendo con el griego. Basta saber si, como hasta el momento, todos los gobiernos españoles anteponen los deseos del mercado financiero antes que el bienestar del pueblo que en teoría gobiernan y en teoría les ha elegido. No parece que pueda
cambiar esto con el PPSOE mandando sobre el horizonte.
Habrá que echar mano de los médicos recortados para que practique el masaje cardiaco al Estado porque el estado del bienestar en España... está herido de muerte. O mejor dicho... ejecutado por una UE traidora a los intereses de Europa.
LOS PLANES DEL GOBIERNO PARA EL ‘TIJERETAZO’ EN SANIDAD Y EDUCACIÓN
Adiós a tratamientos, subida de tasas y más alumnos por clase para recortar 10.000 millones
El Gobierno afronta, seis días después de presentar al Congreso los Presupuestos Generales, un recorte adicional en Sanidad y Educación de 10.000 millones de euros. El ‘anuncio’, de tapadillo, ha provocado las iras de la oposición y las críticas de los sectores afectados, que avisan que ni las aulas ni los hospitales “pueden afrontar ese nuevo tijeretazo”. El Ejecutivo, de momento, aplaza el contenido de las medidas a las reuniones sectoriales con las Autonomías, que finalmente son quienes deben llevarlos a cabo porque tienen transferidas las competencias. Sin embargo, aumento de tasas universitarias, del ratio de alumnos, de las horas lectivas de los profesores, la eliminación de ciertas prestaciones como los tratamientos de infertilidad o el cambio de sexo, así como el pago de medicamentos por renta son los principales elementos que pondrá el Gobierno central encima de la mesa.
Bruselas quiere tener este mes el plan de reformas de España para 2012, y como los mercados no han recibido de buena gana los Presupuestos (más bien al contrario, con la prima de riesgo disparada desde entonces) el Gobierno ha puesto sobre la mesa una nueva tanda de recortes para sacar otros 10.000 millones de ahorro. En Sanidad, donde se deben 15.000 millones de euros, el Ministerio que encabeza Ana Mato baraja dos escenarios, o una combinación de ambos: quitar prestaciones que ahora cubre la Seguridad Social y que considera ‘superfluas’, e instaurar la idea adelantada por Esperanza Aguirre desde el verano pasado de cobrar los medicamentos según la renta de los pacientes. La ‘lideresa’ lo resumió en su día a su peculiar manera: “Mientras la ley me obligue a no cobrar las medicinas a Botín, así seguiré haciéndolo”. Parece que la crisis fuerza por fin a replantearse la ley.
En cuanto a los servicios ‘a suprimir’, el Ministerio de Mato ya ha debatido eliminar, por ejemplo, los tratamientos de infertilidad porque considera que la infertilidad no es una patología y el Estado no está en condiciones de sufragar este tipo de tratamientos que los consejeros de salud de las diecisiete comunidades autónomas incorporaron al calor de la bonanza económica, en algunos casos con el beneplácito del Consejo Interterritorial, en otros por voluntad propia, hasta hacer de la sanidad española una de las más completas y sofisticadas de Europa. Entre esos tratamientos que ahora están en el alero están la vacuna para prevenir el virus del papiloma humano, las vacunaciones (contra el neumococo) a mayores de 65 años y pacientes de riesgo, el cambio de sexo, la atención bucodental a niños, adolescentes y personas en exclusión social, los planes de detección de la sordera en recién nacidos y las terapias para dejar de fumar (la entonces ministra Leire Pajín llegó a anunciar que se gastaría 3.000 millones de euros en lograr que todos los fumadores españoles abandonaran ese vicio tan nocivo).
Ahora, todas las partidas sanitarias están en entredicho. De hecho, algunas comunidades autónomas ya habían empezado a tomar medidas por su cuenta. Navarra, por ejemplo, recortó su programa de atención bucodental para niños y adolescentes, y Murcia, Asturias y Cataluña han puesto freno a los programas de fertilidad, un problema que afecta a 800.000 parejas y que cada año suma 16.000 nuevos casos. Así, Murcia deniega (desde 2009) la prestación a mujeres sin pareja o lesbianas, Asturias exige (desde 2010) el pago de la medicación a las solteras y ha registrado varios casos en que ha denegado la prestación a parejas del mismo sexo, y Cataluña, que pagaba los fármacos a todas las catalanas, tanto si eran atendidas en centros privados como públicos, sólo sufragará íntegros los tratamientos del Clinic, San Pau y Vall d'Hebrón para ahorrarse 9 millones de euros (Informe Adeces de Reproducción Asistida 2011).
La segunda vía para lograr el ajuste en Sanidad es en la factura farmacéutica que asciende a 6.300 millones de euros. En este sentido se impone la idea de que los pacientes con rentas más altas paguen por medicamentos una parte del mismo, mientras que las rentas más bajas accedan a los medicamentos básicos como hasta ahora. La principal complicación de este sistema procede del sistema que hay que adoptar para ‘baremar’ a cada paciente para que en el momento de acudir a por el medicamento se establezca claramente en qué tramo se halla y qué porcentaje debe pagar. En este supuesto se eximiría de pagar a los parados sin subsidio y dar una atención especial a los medicamentos con mayor coste/efectividad.
La voluntad del Ejecutivo en materia de copago farmacéutico coincide con las voces críticas de numerosos expertos en economía de la salud que desde hace años vienen calificando la regulación vigente (40% de copago para activos, gratuidad para jubilados, sea cual sea su nivel de renta, y 30% para mutualistas, tengan o no 65 años) de nada equitativa. De hecho, el copago actual, que no alcanza ni al 5% del gasto sanitario público, se concentra en el 5% de unos usuarios que no son precisamente lo más ricos.
Educación: tasas y más horas lectivas para los profesores
En cuanto a los recortes en Educación, el ministro José Ignacio Wert planteó recientemente a las comunidades autónomas gobernadas por el PP aumentar las horas lectivas de los profesores en primaria y secundaria así como el ratio de alumnos, mientras que en la enseñanza universitaria habló del incremento de tasas de grado y máster. Básicamente, lo que Esperanza Aguirre lleva haciendo en la Comunidad de Madrid en los últimos tiempos con la oposición de los sindicatos y los partidos de izquierda en las calles.
En la próxima reunión sectorial de las comunidades autónomas, además de ‘vender’ el nuevo bachillerato de tres años y la apuesta por la formación profesional, Wert planteará a las regiones que no hayan incrementado las horas lectivas del profesorado que las suban de 17 ó 18 actuales a las 21 ó 22, detrayéndolas de las que dedican a tutorías. Esta medida ya se aplica en Madrid, Murcia, Baleares y Castilla-La Mancha, todas gobernadas por el PP, y empezará a aplicarse el curso que viene en el resto de regiones ‘populares’: Castilla y León, Cantabria, Navarra y la Comunidad Valenciana. También les planteará aumentar el ratio actual de alumnos por aula.
En educación superior se pondrá sobre la mesa la subida de las tasas de grado y máster, una medida que cuando la recomendó Esperanza Aguirre en plena precampaña electoral provocó una salida en tromba de todo el PP, ‘barones’ incluidos, en su contra.
FUENTE: http://www.elconfidencial.com/espana/2012/04/10/adios-a-tratamientos-subida-de-tasas-y-mas-alumnos-por-clase-para-recortar-10000-millones-95875/
PÉRDIDA DE SOBERANÍA, MÁS PARO Y UNA LARGA RECESIÓN
Así sería España en caso de ser intervenida
Así podría comenzar cualquier crónica periodística elaborada tras una hipotética intervención de la economía española por parte de las autoridades europeas. La crónica no sería muy distinta a las que se debieron escribir en septiembre de 1958 en los periódicos de la época, cuando la incorporación de España a las instituciones de Bretton Woods despejó el camino para que misiones del FMI y del Banco Mundial visitaran periódicamente el país en el marco del programa de asistencia técnica.
Detrás de este término aparentemente inocuo y de presunta neutralidad política -‘asistencia técnica’- se escondía en realidad una intervención en toda regla, y, paradójicamente, es la misma que utilizan ahora los burócratas de Bruselas para describir los viajes de sus funcionarios a los países intervenidos: Grecia, Portugal e Irlanda.
Aunque suene a chanza, la UE asegura que el Grupo Especial para Grecia “no tiene poderes ejecutivos y no puede imponer al Gobierno ninguna decisión jurídica ni financiera”. No es, por lo tanto, un Gobierno en la sombra. Pero lo cierto es que esta task forcé -formada por 45 funcionarios de los cuales una tercera parte reside de forma permanente en Atenas- es la que decide lo que se hace en Grecia en términos de política económica. Por supuesto que con el visto bueno de los países acreedores: Alemania y Francia. Aunque para salvar las apariencias, la coordinación de la asistencia técnica se realiza mediante reuniones de alto nivel celebradas periódicamente en Bruselas, y la última tuvo lugar el 6 de marzo.
Aunque formalmente es el parlamento heleno quien aprueba los distintos paquetes de ajuste, realmente quien dirige tanto la velocidad como la intensidad de las reformas son los funcionarios de la ‘troika’. Y lo hacen con un instrumento imbatible que doblega cualquier intento de ‘rebelión’, salvo suicidio colectivo. Los paquetes de rescate financiero sólo se entregan a medida que avanzan las reformas; y si no hay reformas, no hay dinero. Así de fácil.
La Gran Recesión
El caso de España, por su tamaño y su arquitectura institucional, es muy diferente al de Grecia. Pero lo que está claro es que un duro programa de ajuste -más exigente que el aprobado hasta ahora por el Gobierno Rajoy- provocaría en el corto plazo un deterioro significativo de la actividad, desconocido en nuestra reciente historia económica. Exactamente igual que ha sucedido en Grecia, donde el PIB se contrajo el año pasado un 6,9% (cuatro años consecutivos con tasas negativas).
Esta recesión, lógicamente, provocaría un aumento adicional del desempleo (en Grecia ya ha escalado hasta el 20%), pero también de la recaudación fiscal derivada de la fuerte caída de la actividad económica. Mientras que el gasto tendería a dispararse por el crecimiento de los estabilizadores automáticos, principalmente desempleo. Y como en estas condiciones ningún Gobierno está en condiciones de acudir a los mercados para financiarse, sólo hay una solución: acudir a los organismos multilaterales para que nos presten dinero, con el riesgo de caer en la espiral de la deuda. Es decir, la economía española estaría en manos de los organismos multilalaterales, con mínimo margen de maniobra nacional para hacer política económica.
A mayores necesidades de financiación para cubrir los abultados déficits, mayor endeudamiento, hasta que haya un momento en el que el volumen de pasivos en circulación alcance un punto sin retorno. Y es, en ese momento, cuando emerge el fantasma del ‘default’, aunque sea pactado. Como ha sucedido en Grecia, donde el nivel de endeudamiento público ha llegado a ser simplemente insostenible. Y lo sigue siendo pese a la multimillonaria quita.
Y todo en un contexto financiero endiablado. El Fondo Monetario ha estimado que las inquietudes por la solvencia del sistema bancario han provocado una masiva retirada de depósitos: superior a los 32.000 millones de euros. O lo que es lo mismo, el 16% de los depósitos existentes.
Se salva la Acrópolis
Este es, en realidad, el horizonte que tiene por delante España en caso de una intervención 'clásica'. Es decir, a la griega. Aunque hay una amplia gama de modelos de intervención en función de las circunstancias y del tamaño de cada país. En Grecia, por ejemplo, los salarios de todos los funcionarios han bajado un 10%, se ha subido la edad de jubilación dos años, se han incrementado el IVA y los impuestos especiales (tabaco, alcohol e hidrocarburos), se han despedido a 150.000 empleados públicos -el 25% de las plantillas-, y se piensa privatizar casi todo (salvo la Acrópolis y pocas cosas más) para recaudar 50.000 millones de euros.
En suma, un plan de ajuste de los de ‘toda la vida’. En esto, como se ve, no hay muchos cambios, aunque se hable de ‘nueva economía’ o de ‘sociedad del conocimiento’.
El caso de España, y no sólo por el tamaño, es mucho más complejo. Entre otras cosas porque el entramado institucional otorga muchas competencias a las comunidades autónomas, que ahora son las responsables de las dos terceras partes del gasto público. Sería, por decirlo de una manera directa, una doble intervención, poniendo en cuarentena el mandato constitucional que otorga a las regiones amplios poderes.
El tamaño, igualmente, también importa. Y mucho. Y está por ver si se cumple el principio que ha hecho furor en esta crisis en relación a la gran banca: Too big to fail (demasiado grande para caer). El tiempo lo dirá.
Dinero disponible, desde luego, no hay. Ni el Fondo de Estabilización ni el Mecanismo de Rescate cuentan con recursos suficientes (poco más de 200.000 millones) para financiar la intervención española, por lo que habría que 'rascarse' el bolsillo. Y no está claro que Merkel y Sarkozy (o su sucesor) tengan fuerza suficientes para pedir nuevos sacrificios a alemanes y franceses. Bendito tamaño.
FUENTE: http://www.elconfidencial.com/economia/2012/04/10/asi-seria-espana-en-caso-de-ser-intervenida-95851/
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